Señales de alerta, impuestos, orientaciones oficiales contra los ultra procesados: la región está al frente de una agenda política inédita que intenta frenar la epidemia de obesidad. Pero la reacción es fuerte
“¿No da orgullo? Cuando empecé a salir para hablar fue que me di cuenta de cuán grande era lo que estábamos haciendo”, dice Marcela Reyes, abriendo una sonrisa grande al final del enésimo debate de que participó desde que Chile se colocó en el mapa de la maldición de la industria de comida chatarra.
Y no entró solo: por lo menos Brasil, Perú, Uruguay y México integran o están cerca de integrar el grupo, por ahora selectísimo. Buenos tiempos en que la portada de la revista conservadora Veja, de Brasil, estampaba a Chile como la oveja blanca de América Latina. Ahora, la publicación de la editora Abril estaría obligada a poner un buen cordero sobre Argentina, y a dejar a los chilenos negritos como nosotros.
Negritos como el octógono que desde 2016 decora los paquetes de ultra procesados vendidos en Chile con altos niveles de sal, grasa, azúcar y calorías. Cuanto peor la composición del producto, más sellos. Y menor es la oportunidad de venta.
Durante el Congreso Internacional de Nutrición, en Buenos Aires, Marcela, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, comparó el caso de su país a otros modelos existentes, todos voluntarios y con un enfoque positivo. Al final del debate, después de escuchar saludos de sus compatriotas, comenzaron las contestaciones: ¿por qué Chile va tan rápido? ¿Por qué no se adopta una postura más positiva y conciliadora? ¿Por qué tratar a la industria como enemiga?
Hay un conflicto intrínseco entre el intento de aumentar los beneficios y la necesidad de mejorar la salud pública. “Estoy de acuerdo con la idea de que las empresas pueden ser parte de la solución: su manera de ser parte de la solución es cumpliendo las leyes”, respondió Marcela Reyes.
Esta fue la tónica del congreso. Durante seis días, en Octubre del año pasado, los grandes investigadores de la nutrición se turnaron entre besos y murros a las iniciativas adoptadas por América Latina. “Ustedes tienen una gran población, son grandes países, y ellos quieren esos mercados. Brasil, en particular”, nos resumió Barry Popkin, profesor de Nutrición de la Universidad de Carolina del Norte. Él conoce de largo tiempo la América Latina.
Fue Popkin quien acuñó el concepto de “transición nutricional” para describir el cambio de patrón alimentario de los países hacia productos menos y menos sanos. Nuestra región está justamente en medio de ese camino. Pero algunos de los países tienen las más altas tasas de obesidad del mundo y los mayores niveles de consumo de gaseosas.
El investigador entiende que los gobiernos tienen cada vez más clara la necesidad de adoptar medidas regulatorias para cohibir el avance de la obesidad. Para él, la reformulación de productos propuesta como solución por la industria tiene un papel muy limitado.
Popkin trabaja en la evaluación del caso chileno. Y entiende que el país sudamericano puede ser el primero del mundo en conseguir frenar el problema. “Tenemos la necesidad de contar para las personas que la comida chatarra no es sana. Y el modelo chileno de alertas parece haber cambiado una conducta social en el país. Está funcionando mucho mejor que cualquier otro modelo.”
Marcela Reyes está de acuerdo. “Todavía comimos comida. Muchos de los discursos de los otros panelistas van en el sentido de que no podemos volver atrás: no vamos a volver a cocinar, no vamos a volver a comer en familia. Pero todavía comemos comida.”
Es imposible saber lo que se ha dado en todo el congreso, inmenso y con varios debates al mismo tiempo. Pero no fue difícil ver cuán lejos América Latina está molestando. Duplamente. La industria de chatarra, que no sólo estaba presente, como se sentaba al camarote, no escondió el desagrado. Y muchos investigadores también.
Nuestros países han hecho temblar el cabello porque pueden ser los primeros en encontrar un freno para la epidemia de obesidad. Hoy, el coche anda sin rumbo, a mil por hora, y nadie asume el mando.
Hay también un factor de incomodidad que fue quedando visible a medida que los debates se desarrollaban en el hotel Sheraton, en el centro de la capital porteña: la jerarquía. Normalmente, las soluciones se transponen o se imponen desde el Norte hacia el Sur. De los ricos a los pobres. No fueron pocas las mesas de debates en que hombres blancos de países ricos presentaban soluciones para los negros y los indígenas de África y América Latina. Esto no es ilegítimo, pero cuando el desequilibrio de representación queda claro, da que pensar.
Lo que toda esta tendencia reciente hace es recorrer el camino opuesto, desde el Sur hacia el Norte.
“Ahora los países latinoamericanos tienen la oportunidad de estar al frente de las soluciones. No son soluciones tecnológicas. La tendencia es que las soluciones para enfermedades crónicas sean soluciones creativas, que demandan ingeniosidad “, dice Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Él fue una de las figuras destacadas en la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas, otra iniciativa bajo ataques durante el congreso.
Juan Rivera, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y también integrante del instituto, salió en defensa de la decisión mexicana. “Todas las evidencias científicas nos llevaban al modelo de la tasación”, contó durante una conferencia. La propuesta ya estaba preparada hacía algún tiempo, y la oportunidad política se presentó cuando el gobierno tenía problemas de caja. “La tasación está funcionando y es algo que debemos usar contra los intentos de la industria de prohibirla”. El modelo ya cruzó el Río Grande y se está adoptando en ciudades de Estados Unidos.
Alejandro Calvillo, de la ONG El Poder del Consumidor, también fundamental en la adopción del impuesto, evalúa que esa vanguardia latinoamericana puede ser una herencia de los movimientos de la sociedad fortalecidos en la década pasada. “Tenemos una actuación fuerte de la sociedad civil y de la academia, con cohesión frente al poder de las corporaciones.”
Es difícil demarcar un comienzo de esa trayectoria regional. Pero podríamos escoger el final de la década pasada, cuando el profesor Carlos Monteiro, de la Facultad de Salud Pública de la USP, acuñó el término “ultra procesados”. Él propuso una nueva división, llamada NOVA, que separa los alimentos entre in natura o mínimamente procesados, procesados y ultra procesados - además de ingredientes culinarios.
Puede sonar extraño, pero es fácil entender, si nos permiten una presentación medio simplificada. In natura es lo que la gente siempre comió: legumbres, frutas, verduras. Procesados son lo que la gente siempre comió, pero con alguna transformación para aumentar la durabilidad y la seguridad: arroz, frijoles, harinas, quesos. Y los ultra procesados son lo que su bisabuela no entendería como alimento.
El paradigma anterior se calcaba en la pirámide alimentaria, dividida en varios grupos: carnes, carbohidratos, quesos, aceites. Y por ahí va. Desde el punto de vista de un lego, era complicado entender cuánto comer de cada grupo y lo que exactamente hacía mal.
Cuando se piensa en los ultra procesados, sin embargo, la cosa cambia de figura. El hecho es que, desde el punto de vista de orientación, las evidencias son que eso funciona. Hay cada vez más documentos y políticas públicas hablando en ultra procesados. El PubMed, una de las principales bases de datos de la producción científica, registra 70 artículos con ese término en 2017, contra 40 el 2016 y apenas seis en 2009. En el Congreso de Nutrición, hubo 15 charlas o trabajos con ese tema.
Y también hubo trabajos contra ese tema. Un debate promovido por la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios atacó directamente la investigación de Monteiro. Los presentes exhortaron a las agencias de la ONU a encontrar un camino para frenar la agenda regulatoria de América Latina.
“Una fuerte tendencia a regular la ingestión de nutrientes a través del etiquetado frontal se está expandiendo por los países latinoamericanos”, advirtió Susana Socolovsky, presidenta de la entidad argentina, hablando en una “demonización injustificada” de los alimentos industrializados. Susana ha rodado la zona en el intento de evitar la adopción de medidas regulatorias. “Las autoridades sanitarias de los países latinoamericanos están usando el controvertido sistema de clasificación de alimentos NUEVA y el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de Salud (OPAS).”
El segmento de la comunidad científica más simpático al sector privado no usa el término ultra procesados, salvo cuando es para atacarlo. Se sigue utilizando la pirámide alimentaria, que también continúa como base para la actuación de las empresas.
Cuando comenzamos una investigación más profunda sobre la comunidad científica de la nutrición, en Abril, vimos que había una fuerte oposición de segmentos de la academia brasileña al término ultra procesados. Con el tiempo, notamos que era una oposición articulada con grupos de otros países. El discurso está bien afinado.
Y se volvió más intenso en 2014, con la publicación de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. El documento del Ministerio de la Salud fue elaborado por el grupo de Monteiro y adoptó la clasificación por grado de procesamiento, con una recomendación expresa de que se evite el consumo de ultra procesados. “La industria fue el único sector de que no pudimos aprovechar las sugerencias en la consulta pública. Porque sugirieron cosas que eran incompatibles con los principios de la Guía”, dijo el profesor de la USP.
Carlos Gonzales-Fisher, de la Universidad de Buenos Aires, participó en la elaboración de un informe para la FAO sobre guías alimenticias. Después de Brasil, Uruguay adoptó el mismo principio en la elaboración de directrices oficiales. Otros países intentaron seguir esa ruta, pero la presión del sector privado no lo permitió.
El concepto de ultra procesados fue importante para que el 2016 la Organización Panamericana de Salud (OPS) lanzara un nuevo modelo de perfil nutricional, creado especialmente para basar la adopción de políticas públicas que busquen restringir y desalentar el consumo de esos productos. El documento define los criterios para el exceso de azúcar, sal y grasas. Y actúa sobre productos, y no sobre la dieta de un día entero – casi nadie hace una cuenta al final del día para saber cuánto comió.
La orientación de la OPS es la base para un decreto que Uruguay puede lanzar este año. El país camina para adoptar un patrón de etiquetado semejante al chileno. Pero sufre intensa presión de la industria, como mostramos en La cizaña y el trigo, con amenazas de accionar al país en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Uno de los debates más interesantes del congreso en Buenos Aires reunió los modelos de etiquetado frontal existentes. Todos, voluntarios y basados en mensajes positivos, a excepción de Chile, obligatorio y de mensaje negativo.
Los investigadores mostraron análisis científicos de cada caso. En Nueva Zelanda y en los países que adoptaron Choices, creado por Unilever, lo que la industria hizo fue colocar el sello sobre los productos con perfil nutricional mejor, lo que acabó por dirigir las opciones de compra a algunos de esos ítems.
Cliona Ni Mhurchu, de la Universidad de Auckland, dijo que hubo un pequeño impacto en la reformulación de productos, y limitado a algunos segmentos. “Vamos a ver en los próximos años cuál de los modelos tiene el mayor impacto en el comportamiento del consumidor. Pero también tenemos que mirar el impacto en el comportamiento de la industria, y es cierto que están reformulando.”
El caso más antiguo es el del Reino Unido, que en la década pasada adoptó un etiquetado frontal de adhesión voluntaria que proporciona información sobre calorías, sal, azúcar y grasa. Michael Rayner, de la Universidad de Oxford, afirmó que hoy está claro que ese no es el mejor sistema. Y complementó con la visión de que el modelo chileno es el que tiene mayor impacto sobre el consumidor, pero que aún no está claro si es lo que tiene mayor influencia sobre la salud.
“Como en América Latina estamos acostumbrados a copiar las cosas, nos miran un poco feo. ¿Por qué sienten el derecho a innovar?”, me dijo Marcela Reyes. “Yo, en esta experiencia, entendí bien el concepto de transnacionales. Son más grandes que las naciones. Cuando grandes corporaciones se ponen a discutir con países latinoamericanos se nota la diferencia de poder. Es mucho mayor que un país.”
En el Perú, se presentó al Congreso un proyecto de ley que puede desfigurar la Ley de Alimentación Saludable, sancionada en 2012. El texto prevé la edición de un decreto para crear el etiquetado frontal de alimentos, tema que se estaba discutiendo en el gobierno, con gran posibilidad de adopción del modelo chileno. El texto base ya estaba listo y a punto de ser publicado. Pero los parlamentarios podrían aprobar una nueva ley, creando un sello positivo, en el formato deseado por la industria.
A comienzos de Noviembre, algunos de los principales investigadores del área de nutrición enviaron al gobierno y al Legislativo peruano una carta exhortando a frenar la aprobación del proyecto, actualmente en la Comisión de Defensa del Consumidor. Afirman que el sistema defendido por la industria comprobadamente incentiva el consumo de alimentos con mayores niveles de sal, grasa, azúcar y calorías.
Y que las evidencias existentes hasta aquí han demostrado un buen funcionamiento del modelo chileno. “Como académicos especialistas en obesidad y diabetes, queremos dejar en claro que la ciencia es concluyente en el rol de la ‘comida y bebidas chatarra’, con alto contenido de calorías, azúcar,
sodio y grasas saturadas: Un consumo creciente de estos productos es la causa de obesidad y enfermedades asociadas.”
En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) hizo hincapié en dejar claro que aún no se ha decidido por un modelo. En la visión de la Gerencia General de Alimentos, no hay evidencias científicas de que un sistema funcione mejor que el otro. Más al norte, Canadá no tuvo dudas. La discusión sobre el etiquetado frontal ya ha salido de la premisa de que los signos de advertencia como los chilenos son los mejores para proteger la salud de las personas. Sólo falta definir un símbolo, y las investigaciones en ese sentido ya se han concluido.
La Asociación Brasileña de la Industria de la Alimentación (Abia) y la Asociación Brasileña de la Industria de Refrigerantes y Bebidas no Alcohólicas (Abir) alegan que el sistema propuesto por la Alianza por la Alimentación Adecuada y Saludable con base en el modelo chileno provoca miedo y terror en la población.
Por la oposición que el debate despertó, da para ver que quien tiene miedo no son las personas.
Fotografia en destaque: Archivo Agencia Boliviana de Información.
Fotografia inferior: Cesar Ogata. Archivo de la Alcaldia de São Paulo.
