Investigadores alineados con el sector privado actúan en grupos que subvencionan la formulación de políticas públicas llegando a garantizarles la mayoría a las grandes empresas. El órgano federal opta por el silencio.
La industria alimentaria ocupa puestos reservados a universidades e institutos de investigación en los órganos colegiados del ente regulador brasileño en el ámbito de la salud. Pese a que disponen de sus propios puestos, las corporaciones no escatiman esfuerzos para contar con investigadores alineados para lograr influir en la definición de la agenda y de las normas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
Las empresas llegan a tener la mayoría en algunos órganos, en especial en los grupos de trabajo que proporcionan subvenciones a la formulación de políticas públicas.
El principal representante de la industria en los puestos destinados a la comunidad académica es el International Life Sciences Institute (ILSI), creado en 1978 por Coca-Cola. “El ILSI Internacional y el ILSI Brasil creen que el foro científico es un foro neutro y que es el único que puede dar respuestas seguras a una población que necesita una contribución científica”, defendió el director-presidente del ILSI Brasil, Ary Bucione, en la entrevista que nos concedió.
Esta organización, que fue fundada en los Estados Unidos, cuenta hoy con 17 organizaciones regionales repartidas por todo el mundo cuya misión es siempre buscar la interrelación entre ciencia, industria y gobierno. En Brasil, son casi 40 las empresas patrocinadoras – entre las que se encuentran Coca-Cola, Nestlé, Danone, Ajinomoto, BASF, Cargill, Pepsico, Unilever y Kellogg’s.
Revisamos más de un centenar de actas de reuniones de los grupos de trabajo de la ANVISA. Entrevistamos a decenas de personas. Leímos el material científico aportado por los investigadores y directamente por la industria para fundamentar la toma de decisiones. Y no encontramos ninguna divergencia relevante entre las posiciones de las empresas alimentarias y el ILSI (tampoco de algunos profesores con trabajos financiados por el sector privado).
El ILSI y otras organizaciones próximas a la industria han trabajado para agilizar los procesos en el seno de la ANVISA, especialmente en lo que a nuevos productos se refiere. Como la industria invierte grandes cantidades en inovación, siempre va unos pasos por delante de la agenda reguladora y de la investigación académica. Siempre que se pronuncia en público, Bucione hace hincapié en que el ILSI es una organización científica. Sin embargo, en algunas reuniones de la ANVISA, son empleados de empresas los que representan al instituto, incluso el propio Bucione, que es de DuPont, fabricante de ingredientes que suministra a la industria alimentaria.
Aldo Baccarin, exconsultor de Kraft Foods y presidente del ILSI Brasil entre 2001 y 2015, representó al instituto en un grupo de trabajo sobre alimentos funcionales. “El ILSI es una organización abstracta”, nos respondió Baccarin y guardó un extraño momento de silencio durante la hora larga de conversación mantenida en agosto. “Sí, mandamos a las personas con mejor nivel de conocimiento y siempre están asesorados por alguien del mundo de la ciencia. Tienen que ir con cuidado; si en un momento queda claro que se está produciendo un conflicto de intereses, estas personas tienen que abstenerse e irse.”
El grupo lo formó una comisión instaurada en 1999, que el ILSI ha controlado desde entonces. La organización contaba con dos puestos directos. E incluso tuvo derecho a dos puestos más reservados para las universidades.
Franco Lajolo, presidente del comité científico del ILSI, pero que representaba a la Universidad de São Paulo, pidió que se pudieran introducir alegaciones relativas a los beneficios para la salud de las margarinas, las sopas instantáneas y el chocolate..
Lajolo es copropietario de dos patentes. Una, de 2007, sobre la harina de banana verde, un alimento funcional. Y otra, de 2011, financiada por SADIA, que justamente trata de promover el plato preparado congelado como algo beneficioso para la salud.
“La universidad debería tener en cuenta la evidencia científica y entonces es cuando la situación se complica. Esencialmente, los representantes de la universidad no van al unísono”, resume Rafael Claro, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, que participó en el grupo de trabajo sobre los alimentos funcionales. “A decir verdad, hoy existe un registro de los posibles conflictos de intereses, pero hasta donde yo sé, no se veta a nadie ni se descarta la opinión de nadie”.
La fórmula no es secreta
En una reunión del Grupo de Trabajo de Nutrición y Alimentos con Finalidades Especiales celebrada a principios de julio en São Paulo, la presidenta de la Sociedad Brasileña de Alimentación y Nutrición (SBAN) que, en realidad, estaba inscrita como miembro de la Universidad Federal de São Paulo, mostró cierta impaciencia con los pormenores de la discusión sobre el etiquetado de las fórmulas infantiles para niños mayores de un año. Los detalles son precisamente la razón de ser del grupo que, desde 2010, debate las normas internacionales de este ámbito. Sus deliberaciones pueden girar durante horas en torno a una palabra o una frase.
“Antiguamente solo había una única formula. Y nadie murió a causa de ella. A mí me criaron con Nido”, dice Olga Amâncio, presidenta de la SBAN, una organización asociada al ILSI que ha recibido críticas por las relaciones con las grandes empresas de alimentos. Recientemente, la SBAN ha promovido vídeos en las redes sociales en defensa de la leche de vaca y Nestlé fue la principal patrocinadora de un congreso.
A finales de octubre, durante una audiencia pública en la Cámara de Diputados, la SBAN se declaró contraria a la creación de un impuesto especial sobre los refrescos. Días después, defendió el modelo de etiquetado frontal propuesto por el sector privado en contraposición al modelo de las organizaciones de la sociedad civil. El tema es capital en los debates actuales de ANIVSA, que hasta el momento no se ha decidido ni por el sistema que defiende la sociedad civil ni por el que propugnan las empresas.
“A veces, el conflicto de intereses está muy velado”, resume Renata Monteiro, investigadora del Observatorio de Políticas de Salud Alimentaria y Nutrición de la Universidad de Brasilia que participó en grupos de trabajo de la ANVISA y del Ministerio de Salud. “Soy una profesional de la salud, así que cuando me llaman a un espacio así, sé exactamente cuál es mi papel. Cuando se trata de un académico más cercano a la industria es más difícil porque no intentará ni discutir la cuestión científica: está ahí para mediar entre la industria y la cuestión académica, para tratar de crear un argumentario académico que justifique determinadas cosas que la industria quiere hacer.”
Puertas abiertas
Las resoluciones de la ANVISA siguen un ritual. Primero es necesario que el asunto entre en la lista de prioridades de regulación. Luego, que se empiece a debatir. A continuación se elabora una propuesta de resolución, o sea, un borrador de la norma que se someterá a consulta pública y sobre el que los interesados presentan alegaciones. El ILSI participa asiduamente en todas estas etapas.
Los materiales del instituto sobre macro y micronutrientes constituyen la base de referencia de la ANVISA. Hay miembros del ILSI que se reservaron hace muchos años el único puesto de la comunidad académica en la delegación brasileña en la Comisión del Codex Alimentarius, el espacio donde se definen las normas internacionales sobre alimentación y comercio.
“No cabe la menor duda de que hemos convivido bastante estrechamente con ellos pero nos reservamos las reuniones que son de carácter meramente regulatorio. Siempre que ANVISA nos pide el parecer del ámbito científico, sí, ahí tenemos una buena e interesante relación que ha aportado bastante a las reuniones de la propia ANVISA”, dice Bucione, el actual presidente del ILSI.
El intento del sector privado de ocupar espacios académicos no es un fenómeno brasileño. La organización no gubernamental US Right to Know ha revelado un intercambio de correos electrónicos entre dos exejecutivos de Coca-Cola, Alex Malaspina, fundador del ILSI y persona aún influyente en la organización, y Ernest Knowles, exvicepresidente de relaciones institucionales de Coca-Cola, en el que mostraban preocupación por el rumbo del debate sobre la obesidad. Knowles sugirió que la empresa debería ponerse al frente del debate, financiando organizaciones médicas y científicas y reforzando la acción del ILSI en la búsqueda de las causas de la epidemia.
En 2012, el Corporate Europe Observatory (CEO) publicó un documento en el que mostraba que el ILSI tenía las puertas de la EFSA, el órgano regulador de la alimentación en el continente europeo, abiertas.
En general, concluía el CEO, el papel del instituto es favorecer una normativa más blanda que se traduzca en ingresos millonarios (o multimillonarios) para las empresas patrocinadoras. Tras recabar varias pruebas de que el ILSI estaba influyendo en decisiones importantes del organismo regulador, la EFSA adoptó un nuevo patrón de relación y decidió excluir a este grupo de reflexión de algunos debates. Ante las protestas del ILSI, la entonces directora ejecutiva de la EFSA, Catherine Geslain-Lanéelle, escribió una carta en la que dice que la organización representa “intereses particulares” y que la agencia está “muy bien posicionada para conocer la naturaleza de su trabajo”.
En Brasil, la ANVISA ha optado por el silencio, pese a que desde el mes de agosto se ha pedido su opinión insistentemente.
